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Ley valenciana por la función social de la vivienda: la garantía del derecho a una vivienda digna y adecuada

23 Marzo 2017

La Generalitat valenciana también disputa al estado su competencia para regular el derecho a la vivienda en cuanto a su función social.

Nuestras ciudades y pueblos están llenas de vivienda dignísimas y adecuadísimas en cantidad suficiente para dar respuesta a las necesidades de la población pero, ¡ay!, dichas viviendas no son asequibles para dichas personas, pese al importante papel que las administraciones han tenido para que pudieran llegar a construirse. Así que la inclusión del concepto ‘asequible’ nos parece un primer acierto de la Ley y una voluntad lejana al maquillaje utilizado por otras leyes (valga como ejemplo la de Castilla y León de 2013) y una voluntad clara de abordar el problema de frente.

El esquema de la Ley valenciana es sencillo en su formulación y valiente en su planteamiento, generando únicamente la duda de si podrán emplear en su desarrollo los recursos necesarios para que el sistema de garantía del derecho pueda empezar a funcionar.

La Ley define quiénes son las personas a las que debe garantizarse el derecho y cómo se va a llevar a cabo la garantía del mismo, estableciendo un colectivo inicial que deberá ir ampliándose a medida que se va desarrollando la Ley.

Tendrán derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada, garantizada por la administración pública, aquellas personas que sean vecinas de la Comunidad Valenciana debiendo llevar al menos un año de residencia, siempre y cuando la unidad familiar a la que pertenezca no tenga ninguna vivienda en propiedad ni derecho real de uso y disfrute y sus condiciones económicas le impidan acceder a una vivienda en condiciones de mercado. A los efectos económicos la Ley marca estos límites de ingresos de las unidades familiares para tener derecho a la vivienda: más de 3 miembros 2 IPREM, más de 2 miembros 1,5 IPREM, y 1 miembro 1 IPREM.

Dentro de cada grupo, la prioridad vendrá determinada por el mayor número de las siguientes condiciones particulares de la unidad de convivencia: la discapacidad de algún miembro, hijos dependientes, tener algún menor a su cargo, haber sufrido violencia de género, ser mayor de 60 años o haber sido desahuciado por impago de la cuota, por impago del alquiler o por ser avalista de un préstamo hipotecario y no poder hacer frente al mismo.

La Ley regula expresamente que para los siguientes ejercicios se deberán ampliar los límites referenciados al IPREM en un +0,5 para cada una de las tipologías de familia anteriores, siempre que la ampliación de este límite no comprometa el acceso al derecho a la vivienda a unidades de convivencia con ingresos situados en los tramos de ingresos de aplicación en el ejercicio anterior.

En cuanto a la garantía del derecho a la vivienda, la Ley establece que la efectividad del derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada, genera la obligación jurídica para la administración de poner a disposición de la persona un alojamiento dotacional o una vivienda protegida o libre, entendiéndose que se cumple la obligación cuando se ponga a disposición una de las ayudas para pagar el alquiler contempladas en la propia ley.

Por tanto, la Ley compromete a la administración valenciana a poner un alojamiento, vivienda o ayuda al alquiler a disposición de todas aquellas unidades familiares con un año de residencia en la Comunidad, que no dispongan de una vivienda y que tengan recursos limitados en los términos descritos en la Ley.

Ahora sólo falta por ver cuál es el importe de los recursos que la Comunidad destinará a dichas ayudas, entendiendo que será el método inicial de garantizar el derecho, y como se plantea la gestión de este derecho que esperamos abra una puerta definitiva a la garantía del derecho a la vivienda, digna, adecuada y asequible.